AUGC solicita el cese cautelar del Mando en el Operativo de Barbate

La semana pasada se celebró en Barbate el juicio donde los cuatros guardias civiles supervivientes y el Capitán de Servicio Marítimo de la Guardia Civil del Puerto de Barbate declararon para confirmar que el operativo se realizó con una clara falta de medios adecuados, y de una inadecuada coordinación del servicio. Por su parte, AUGC asistió como acusación popular y recogió que las declaraciones pusieron de manifiesto la inaceptable configuración del servicio que estuvo plagado de errores de coordinación, falta de medios, ignorando la obligación de garantizar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes. La denuncia presentada por AUGC contra los mandos de la Guardia Civil responsables de dar la orden en el operativo de Barbate fue la responsable de que el Juzgado nº 1 de Barbate abriera las correspondientes diligencias para proceder al cese del general responsable de Andalucía a nivel de Zona y un coronel de la Comandancia en Cádiz. Desde AUGC consideramos que los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, en el que dos guardias civiles fueron asesinados mientras operaban a bordo de una zodiac contra una narcolancha, no es un caso aislado. Por ello decidimos personarnos en el caso en calidad de acusación popular y de esa manera emprender los procesos legales correspondientes para que se tomen las debidas responsabilidades y así depurar las presuntas responsabilidades penales por hechos que pudieran ser tenidos como contrarios a los derechos de los trabajadores. Además, el Juzgado desestimó la petición de la Fiscalía de archivar y sobreseer provisionalmente las diligencias y, por el contrario, acordó la práctica de diligencias de investigación, en línea con las que fueron propuestas por AUGC en su escrito de denuncia, en la que AUGC pidió una investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316, que indica «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses». En la misma línea, la denuncia menciona el artículo 318, «Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.» La continuación de estas diligencias y el acuerdo del Juzgado de Barbate corroboran la nefasta manera en la que se ordenó la prestación del servicio y la carencia de medios con los que se contaba. Esto refuerza, una vez más, el trabajo de AUGC como garante de los derechos de los guardias civiles y un serio revés al director general de la Guardia Civil, que aseguró que el dispositivo se había llevado a cabo de manera correcta. Por otra parte, la falta de reconocimiento de lo que podría ser calificado «indulgente» como deficiencias en el ejercicio del mando, por quienes ostentan la dirección política de la Guardia Civil, deja en evidencia su falta de capacidad para dirigirla y un desconocimiento inaceptable de lo que supone la disciplina, la jerarquía, la subordinación y, sobre todo, el deber de lealtad. Así como que la falta de capacidad debe suponer el cese inmediato. AUGC continuará en la defensa de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Guardia Civil, y recordamos que la prevención de los riesgos laborales es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercen en mando y conducen las operaciones.