AUGC insiste en la necesidad de reforzar el principio de autoridad tras la agresión de dos guardias civiles en una intervención policial

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Alicante queremos dar a conocer una nueva sentencia lograda en los tribunales por nuestros servicios jurídicos en favor de un agente de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en mayo de 2023 cuando una mujer denunció a su hijo por un delito de violencia doméstica y se atrincheró en su domicilio atrancando la puerta con distinto mobiliario e impidiendo el acceso a su madre, por lo que varias patrullas de la Guardia Civil fueron comisionadas a dicho lugar al objeto de proceder a la detención de dicho individuo. A su llegada fueron recibidos por éste con insultos y amenazas, no colaborando en ningún momento y persistiendo en su negativa a abrir la puerta de la vivienda, por lo que tuvieron que requerir la presencia de un cerrajero. Una vez abierta la cerradura y cuando los agentes intentaban acceder al interior del domicilio, ésta persona con ánimo de atentar contra su integridad física agredió a la agente que entró en primer lugar, debiendo intervenir el resto de agentes para inmovilizarlo, continuando dicho individuo a lanzar golpes con el puño que impactaron en otro agente, comenzando un fuerte forcejeo hasta que cayeron al suelo, siendo finalmente reducido y engrilletado. Como consecuencia de los hechos, dos de los guardias civiles intervinientes sufrieron lesiones de importancia que requirieron para su cura tratamiento médico, y farmacológico, impidiéndole realizar con normalidad sus funciones habituales como agentes de la autoridad durante varios días. Uno de los guardias civiles lesionado y afiliado a la AUGC solicitó los servicios jurídicos de esta Asociación, siendo representado por el letrado Alberto Manuel Mollá Díez para ejercer la acusación particular contra el acusado que, ha sido ahora condenado por la Magistrada Juez del Juzgado de lo Penal número cuatro de Orihuela con sede en Torrevieja (Alicante), por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad a la pena de ocho meses de prisión y de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como por dos delitos de lesiones a la pena de multa de ocho meses con una cuota diaria de seis euros, en total 1440 euros por cada uno y a indemnizar a los agentes agredidos en concepto de responsabilidad civil subsidiaria con la cantidad de 1080 euros y 1930 euros. Desde la AUGC de Alicante recordamos que, según los datos obtenidos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, precisamente el año 2023 se cerró con 16.762 agresiones a los miembros de las FFCCSE, superando en un 0,66 % los datos del año 2022, por lo que refleja el aumento de este tipo de infracciones penales y que con casi con total seguridad se superarán esos datos en el presente año 2024. Cabe que recordar tan sólo en los ocho primeros meses del 2023, Alicante ya ocupaba el cuarto lugar entre las provincias de España con 626 agresiones a policías y guardias civiles, tan solo superada por Madrid con 2191, Barcelona con 1177 y Valencia con 752. En AUGC nos alegramos que en ésta ocasión, los agentes no hayan acabado con lesiones más graves o irreversibles a causa de la agresión sufrida, y nos vemos obligados a volver a solicitar al Ministro de Interior y al resto de los responsables políticos que los miembros de la Guardia Civil deben ser considerados, al igual que las policías autonómicas, como «profesión de riesgo» y que se deben realizar las modificaciones pertinentes en el código penal para que este tipo de delitos tengan un endurecimiento de las penas con el fin de reforzar el principio de autoridad, así como continuamos insistiendo en solicitar a las autoridades judiciales que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos. Adjuntamos la sentencia en PDF para su dercarga.