Los guardias civiles de la prisión llevan cinco meses en casetas de obras

Hace dos años la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunció que Instituciones Penitenciarias había invertido casi seis millones de euros en las reformas que se realizaron en el centro penitenciario de Córdoba, y sin embargo no había aprovechado para ampliar las dependencias donde trabaja la Guardia Civil, especialmente los vestuarios, que desde hace muchos años son insuficientes para la plantilla existente, hasta el punto de que no caben las taquillas asignadas a los agentes. Tras esas críticas, al fin este año se han acometido obras en las instalaciones de la prisión adjudicadas a dicho cuerpo, pero una vez más la dirección del centro penitenciario vuelve a dar muestras de inoperancia o desidia en lo que atañe a los guardias civiles, como ya ha ocurrido anteriormente en otros aspectos como la dotación de mobiliario, la reparación de averías, la eliminación de plagas de cucarachas, ratas y serpientes, e incluso su exclusión del cribado preventivo con motivo del gran brote de COVID-19 que se produjo en el centro. Cuando se llevaron a cabo las reformas en las dependencias usadas por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias no se les obligó a utilizar casetas de obras, como ahora ocurre con el personal de la Guardia Civil, que lleva desde abril teniendo que utilizar esas instalaciones precarias como vestuarios y para realizar las comidas, al trabajar en turnos de doce horas. Además, desde hace un mes está desmontado el falso techo de las oficinas y de la sala de control, impidiendo que esas dependencias se puedan climatizar adecuadamente, teniendo en cuenta el deficiente funcionamiento de los aparatos instalados y las altas temperaturas alcanzadas en agosto. Instalaciones provisionales en el Centro penitenciario de Córdoba. Instalaciones provisionales para guardias civiles en el Centro Penitenciario de Córdoba. Instalaciones provisionales para guardias civiles en el Centro Penitenciario de Córdoba. Las obras actuales, que se adjudicaron a la empresa ‘Obras y Servicios MASERSA’, de Andújar (Jaén), por un coste de 273.484 euros, tenían un plazo de ejecución de cuatro meses, el cual obviamente no se ha cumplido y ha debido ser prorrogado, pero es que hace varias semanas se marcharon los trabajadores de dicha empresa y desde entonces han estado paralizadas las reformas. Hace un mes y medio la Asociación Unificada de Guardias Civiles dirigió un escrito a la directora del centro penitenciario, proponiéndole una pequeña modificación en las referidas obras para evitar problemas de higiene y riesgos de salud laboral, pero Yolanda González ni siquiera ha acusado recibo de dicho escrito, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, mostrando un desprecio absoluto por los legítimos representantes de los guardias civiles.