AUGC denuncia que el traspaso de competencias de tráfico en Navarra, oficializado por el acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, deja a 173 agentes de la Guardia Civil y sus familias en una situación de incertidumbre laboral, sin alternativas claras para su reubicación ni garantías plenas sobre sus derechos. Marlaska nunca ha dado explicación alguna sobre este proceso tan complejo. Este traspaso, que implica la exclusión de los agentes de tráfico de las carreteras navarras, fue pactado inicialmente en 2019 con el apoyo del PNV y ratificado en acuerdos posteriores, como el más reciente con EH Bildu. La Policía Foral asumirá estas competencias, lo que obliga a los guardias civiles afectados a optar por integrarse en este cuerpo autonómico, solicitar destinos en otras regiones o cambiar de especialidad dentro de la Guardia Civil. Estas opciones son percibidas como restrictivas, desarraigando a muchas familias y generando un malestar significativo en los guardias civiles afectados. Desde AUGC reiteramos nuestra oposición a políticas que, sin negociación ni consideración de las consecuencias, desmantelan el despliegue de la Guardia Civil en Navarra. Además, subrayamos que la «pasarela» para integrar a los agentes en la Policía Foral carece de una base legal clara, y lamenta que el proceso esté marcado por criterios políticos en lugar de priorizar la estabilidad profesional y personal de los guardias civiles. Exigimos medidas urgentes al Gobierno para garantizar una reubicación digna y adecuada de los agentes afectados, además de respuestas claras sobre cómo se respetarán sus derechos laborales. Esta situación es una muestra más de la falta de planificación y la ausencia de diálogo en decisiones que afectan directamente a la seguridad y estabilidad de nuestras comunidades y a la dignidad de los profesionales que velan por ella.
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