La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) quiere denunciar públicamente la injusta sanción impuesta a uno de sus representantes en la provincia de Badajoz, castigado con 15 días de suspensión de funciones por supuestamente haber consultado la matrícula del vehículo en el que se fugó el ciudadano Carles Puigdemont en el verano de 2024. La investigación, en la que se abrió una auditoría, ordenada desde el DAO de la Guardia Civil, se ha prolongado durante casi seis meses, y no ha podido acreditar que el guardia civil sancionado fuese la persona que accedió a esa información en las bases de datos del Cuerpo. A pesar de ello, la Directora General ha ratificado una sanción propuesta en una instrucción repleta de irregularidades, entre las que se encuentra la negativa a tomar declaración a testigos clave o al propio denunciante del expediente. Desde AUGC denunciamos que esta sanción responde más a un pago político a Junts que a una verdadera necesidad de depuración de responsabilidades. No es casual que esta caza de brujas comenzase justo después de que medios de comunicación publicasen que el coche utilizado por Puigdemont era propiedad de la pareja de un agente de los Mossos d’Esquadra. Además, denunciamos la doble vara de medir con la que actúa la Dirección General: mientras que a otros agentes se les ha sancionado con 10 días por hechos similares, al tratarse de un representante de AUGC se incrementa la sanción en un 33%, alcanzando los 15 días. La persecución sindical dentro de la Guardia Civil es una realidad que AUGC lleva años denunciando, y este caso no hace más que confirmarlo. Hasta el punto de enviar agentes al domicilio del afectado para notificar la sanción en el último día de plazo. AUGC no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a presentar los recursos necesarios hasta agotar la vía administrativa y, si es preciso, acudiremos a los tribunales para defender el honor, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de nuestro compañero.
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