COMUNICADO URGENTE DE LA PLATAFORMA POR UNA JUBILACIÓN DIGNA Y LA PLENA EQUIPARACIÓN SALARIAL

Queremos trasladaros una información de máxima relevancia derivada de una reciente sentencia del Tribunal Supremo y de la publicación, apenas un día después, del Real Decreto por el que se regula la figura de la «profesión de riesgo». Una demanda interpuesta por un sindicato de Policía Nacional ante el Tribunal Supremo —formulada de manera insolidaria y mal planteada— ha desencadenado una sentencia que, si bien insta al Gobierno a regular la figura de «profesión de riesgo» dentro del colectivo policial, limita dicha regulación únicamente a los funcionarios que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, es decir, aquellos que accedieron a la función pública a partir del año 2011, dejando fuera en origen a la Guardia Civil, dificultando su futura extensión a dicho Cuerpo. El Alto Tribunal, en su fallo, sostiene que los funcionarios encuadrados en el régimen de Clases Pasivas – aproximadamente dos tercios del total de funcionarios en activoen ambas instituciones ya tienen reconocido de facto un tratamiento diferenciado mediante la posibilidad de acceder a la jubilación voluntaria desde los 60 años, por lo que no cabría ampliarles los beneficios derivados del reconocimiento expreso de «profesión de riesgo» que el sindicato demandante solicita al Supremo. Este argumento, desafortunadamente, ha sido aprovechado por el Gobierno en el Real Decreto publicado hoy (no parece casual), que regula dicha figura para varios colectivos profesionales. En este texto normativo, aunque no se menciona expresamente la sentencia del Supremo, se establece la necesidad de definir coeficientes reductores para cada grupo profesional incluido, pero se excluye de manera implícita a aquellos trabajadores que cotizan en el régimen de Clases Pasivas. El efecto de esta exclusión es profundamente negativo para una gran parte del colectivo de Policía Nacional y Guardia Civil, ya que compromete seriamente la posibilidad de su inclusión futura bajo el paraguas de «profesión de riesgo», a pesar de que nuestras funciones, niveles de exposición, penosidad y exigencia profesional son equiparables o superiores a las de otros cuerpos que ya gozan de dicho reconocimiento. Desde nuestra Plataforma, lamentamos profundamente que una iniciativa judicial que, posiblemente pretendía avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos, se haya presentado con una redacción inadecuada, insolidaria y utilizando atajos, cuyo fallo cierra la puerta a miles de compañeros y compañeras en la mejora de su jubilación. Esta sentencia que no arrojará beneficios hasta dentro de dos décadas, es en realidad una herramienta para que el Gobierno nos detraiga dinero hoy sin que ello repercuta en los miles de compañeros que se van a jubilar durante los próximos años. Limita el acceso a la jubilación digna a corto y medio plazo y supone además un freno significativo a las legítimas aspiraciones del conjunto de todo nuestro colectivo. Desde la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, seguiremos trabajando para revertir esta situación por las vías jurídicas y políticas que resulten necesarias, exigiendo una regulación justa, equitativa y que no deje atrás a ningún miembro de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.