El caso de un guardia civil en Tenerife evidencia la disfunción del Código Penal Militar

Este guardia civil sufrió un accidente de tráfico y, durante su convalecencia, solicitó al amparo del Real Decreto 274/2018 autorización para fijar temporalmente su residencia en Granada junto a su familia. Los servicios médicos de la Guardia Civil avalaron expresamente que no existía contraindicación médica para el traslado. Sin embargo, el coronel jefe de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife denegó la solicitud de manera arbitraria, incorporando criterios subjetivos no previstos en la norma. Pese a ello, el compañero mantuvo su residencia en Tenerife, cumpliendo con sus obligaciones y comparecencias médicas, y únicamente se desplazaba de forma esporádica a la península para visitar a su familia. Grupo Parlamentario VOX Grupo Parlamentario SUMAR Grupo Parlamentario Partido Popular Diputada Cristina Valido, Coalición Canaria La situación, lejos de resolverse en el ámbito disciplinario, ha escalado hasta un proceso penal militar, lo que supone un ejemplo flagrante de cómo la aplicación extensiva del Código Penal Militar convierte en delito lo que debería ser una mera cuestión administrativa. Precisamente por este motivo, AUGC se reunió con los grupos parlamentarios PP, PSOE, SUMAR y VOX. También con Coalición Canaria, integrados en el Grupo Mixto, para evidenciar el grave perjuicio que esta privación del derecho deambulatorio supone para los guardias civiles destinados en las islas. En dichos encuentros, celebrados el pasado 9 de septiembre, los representantes de las distintas formaciones mostraron su estupefacción ante este dislate y sorpresa por la resolución adoptada por el coronel jefe de Canarias. A la reunión asistieron, en representación de AUGC, el Secretario de Relaciones Institucionales y la Secretaria de Comunicación, acompañados por el Secretario Federal de Canarias, que trasladó el impacto específico que estas decisiones tienen en el personal destinado en el archipiélago. Juan Couce, Secretario Federal de Canarias Este caso evidencia la disfunción y la arbitrariedad que supone mantener a la Guardia Civil sometida al Código Penal Militar en funciones policiales y en tiempos de paz. Se vulneran principios básicos como la seguridad jurídica, la libre circulación y la tutela judicial efectiva, situando a los guardias civiles en una posición de desigualdad respecto a cualquier otro ciudadano europeo. Desde AUGC advertimos que este proceder no solo erosiona derechos fundamentales, sino que degrada la dignidad de los agentes y pone en riesgo la confianza en la institución. Por ello, hemos exigido a los grupos parlamentarios que se impulse la reforma urgente del Código Penal Militar, que limite su aplicación únicamente a situaciones estrictamente militares (conflicto armado, estado de sitio o integración en unidades militares). Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural que debe ser corregido. La justicia y los derechos de los guardias civiles no pueden seguir quedando al arbitrio de interpretaciones abusivas de la jurisdicción militar.