Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias civiles han asesorado y representado a dos guardias civiles destinados en Posadas y Palma del Río, uno de ellos el secretario general de esta asociación en la provincia, Gustavo Pérez, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba mediante la que se condena a un hombre como autor de un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad y otros dos de lesiones, imponiéndole penas que suman dieciséis meses de prisión, así como a indemnizar a los agentes con cuantías que suman 3.770 euros. Los hechos tuvieron lugar en abril de 2023, cuando dos patrullas de los Puestos de Palma del Río y de Posadas se personaron en el domicilio del condenado, ubicado en la localidad de La Ventilla, en el término municipal de Fuente Palmera, requiriéndole que reingresara voluntariamente en el centro penitenciario de Córdoba tras haber finalizado su permiso, o que les acompañara en el vehículo oficial. Ante su negativa reiterada, los agentes procedieron a su detención, pero se revolvió conta ellos forcejeando, por lo que tuvo que ser reducido aplicando la fuerza mínima indispensable, y lo trasladaron al centro penitenciario, donde quedó ingresado. Como consecuencia del forcejeo, dos de los guardias civiles sufrieron diversos daños en manos, rodilla y cadera, lesiones por las que el agresor ha sido condenado a indemnizarles. El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido a los agentes agredidos, ha declarado que «en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, y además de las indemnizaciones a mis representados, se le ha condenado a pagar las costas procesales. El agresor tiene numerosos antecedentes, y es reincidente en delitos contra agentes de la autoridad». Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba, ha recordado que «durante el periodo de 2020 a 2024 se registraron en Andalucía 1.455 agresiones a guardias civiles y 1.536 agentes lesionados por ese motivo, y parece que 2025 no va a ser un año mejor en ese aspecto». Y ha añadido que «las agresiones a guardias civiles son cada vez más habituales en nuestra provincia, pero Interior y el gobierno siguen sin reconocernos a nosotros y a los policías nacionales como profesión de riesgo. Además, es necesario que se agraven las penas por este tipo de hechos, así como que se incremente la protección jurídica de los guardias civiles, y que se les dote de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales».


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