La verdad sobre la tragedia de Barbate resuena en Bruselas, aunque en España se intente silenciar. El informe final de la misión del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitó Andalucía en mayo de 2025, es un golpe de realidad contra la versión oficial y respalda plenamente las denuncias que AUGC mantiene desde el primer día. Los eurodiputados fueron a Barbate y emitieron sus conclusiones. El informe recoge el testimonio demoledor de la madre de Miguel Ángel González, uno de los agentes asesinados. Explicó cómo su hijo «seguía órdenes de sus superiores en desventaja material». Una desventaja que hiela la sangre: la embarcación de los agentes medía 5 metros de eslora; la narcolancha que los asesinó medía 17 metros. Este hecho, la cruda «desventaja material» que AUGC ha denunciado incansablemente como una falta de prevención de riesgos laborales, es ahora un hecho constatado por el Parlamento Europeo, pero el Gobierno de España sigue negando la declaración de Zona de Especial Singularidad. Las conclusiones del informe son claras y adoptan las reivindicaciones históricas de AUGC. El comité «insta a los Estados miembros a que clasifiquen a sus fuerzas policiales como «profesiones de alto riesgo» , con todas las protecciones que eso conlleva: jubilación anticipada, protocolos de salud adaptados y escalas salariales diferenciadas. Además, se «insta al Parlamento Europeo a que tramite sin demora» la Directiva para esta clasificación a nivel de la UE y pide que los ataques a agentes sean considerados «eurodelitos». El informe también deja entrever las maniobras del Gobierno español. Varios eurodiputados destacan las «discrepancias» entre los datos triunfalistas aportados por las autoridades y los datos reales facilitados por los sindicatos (asociaciones). Es más, el documento refleja la grave pregunta de una eurodiputada sobre si el Gobierno «había intentado interferir en la visita de investigación ordenando la retirada de la patrullera» asesinada, impidiendo así que los miembros vieran «de primera mano las limitaciones de equipamiento». Mientras Europa valida la lucha de AUGC y señala la falta de medios, la justicia en España camina en dirección contraria. Esta bofetada de realidad desde la UE llega justo cuando el Tribunal Supremo ha confirmado el archivo definitivo de la causa contra los altos mandos por la tragedia de Barbate. AUGC fue la única asociación que se atrevió a denunciar a la cúpula de mando por la flagrante infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. Recurrimos el archivo, pero el sistema ha preferido protegerse. El contraste es total: Europa escucha a las víctimas y constata la precariedad, pero la justicia española ignora a la asociación mayoritaria y más combativa, garantizando la impunidad de quienes dieron las órdenes.


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