Mientras la Policía Nacional avanza hacia la eficiencia con modernos sistemas de adquisición y gestión, la Guardia Civil sigue lastrada por la burocracia, la dispersión territorial y la falta de recursos adecuados. A pesar de contar con un mayor presupuesto de inversión, esta ventaja se diluye en una estructura ineficiente que impide que los recursos rean gestionados de una manera óptima. El caos patrimonial: 2.789 inmuebles, muchos sin registrar y en mal estado Uno de los principales problemas radica en la gestión inmobiliaria. La Guardia Civil cuenta con 2.789 inmuebles, frente a los 921 de la Policía Nacional. Sin embargo, esta amplia red territorial se ha convertido en una carga logística insostenible. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia que el sistema de gestión de activos ALFIL presenta graves deficiencias que se traducen en inmuebles duplicados, sin registrar o en estado ruinoso, lo que imposibilita una gestión patrimonial seria. Además, la ausencia de personal civil especializado obliga a detraer a agentes de las calles para realizar tareas administrativas y de gestión económica, restando efectivos a la seguridad ciudadana. Flota envejecida con solo un 8% en renting frente al 19% de la Policía Otro punto crítco es el modelo de renovación de vehículos. La Guardia Civil apenas utiliza el sistema de renting -solo el 8% de su flota-, mientras que la Policía Nacional lo aplica en el 19%. «Esto nos condena a estirar la vida útil de los vehículos más allá de lo razonable, destinando presupuestos millonarios a mantenimiento correctivo de una flota obsoleta», explica Diego Madrazo, coordinador Sectorial de AUCG. Los cambios son urgentes La Asociación Unificada de Guardias Civiles exige una modernización inmediata del modelo de gestión: Profesionalizar la administración con personal técnico especializado. Sanear el parque inmobiliario, descartando edificios en ruinas y optimizando los recursos existentes. Renovar la flota con criterios de eficiencia económica. Minimizar la dependencia de fondos extraordinarios, que actualmente cubren el 65% de las necesidades básicas. No podemos seguir manteniendo un sistema que penaliza a los guardias civiles y, en última instancia, a la seguridad de todos los ciudadanos. Es hora de equiparar las condiciones de la Guardia Civil a las de otros cuerpos de seguridad del Estado.


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