Ocho familias de la guardia civil con orden de desalojo en Torrelaguna mientras el gobierno blinda la vulnerabilidad habitacional

La AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) expresa su más profunda indignación ante el desalojo forzoso e inminente de ocho familias de guardias civiles destinadas en el Puesto de Torrelaguna (Madrid), una acción ordenada por la Dirección General de la Guardia Civil que contradice de manera flagrante los principios de protección social promovidos por el propio Gobierno. Coincidiendo con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 2/2026, que extiende la suspensión de desahucios hasta finales de 2026 precisamente para proteger situaciones de vulnerabilidad en la vivienda, el Ministerio del Interior y la Dirección General actúan con una doble vara de medir intolerable. Las familias afectadas, que incluyen niños y niñas, algunos de ellos lactantes, están siendo puestas en la calle de un día para otro, sin que se les haya ofrecido una solución habitacional digna. Esta orden, emitida con urgencia extrema y sin que se haya permitido el acceso a técnicos municipales o se cuente con una declaración oficial de ruina que justifique la premura, demuestra una absoluta falta de empatía y un profundo desprecio a los Derechos de los trabajadores y sus allegados. AUGC defiende que estos guardias civiles y sus familias son, a efectos prácticos, población vulnerable. Sin embargo, en lugar de ser protegidos por su propia institución, son expulsados de su vivienda oficial no por un «fondo buitre», sino por el Gobierno que critica estas prácticas. Es un escándalo mayúsculo que demuestra cómo los guardias civiles son tratados, una vez más, como ciudadanos de segunda. La institución se escuda en reglamentos internos obsoletos para llevar a cabo estas políticas de gestión opaca e inhumana de las viviendas. AUGC lleva años reclamando la modificación de las normas que regulan el uso de pabellones oficiales y la participación de las asociaciones profesionales en la gestión de esta política habitacional, especialmente en las Juntas de Pabellones. Exigimos a la Dirección General de la Guardia Civil que paralice inmediatamente estos desalojos y que se garantice una solución de vivienda para estas ocho familias. La justicia debe ser una realidad también para quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos. Es hora de poner fin a la indefensión y la falta de empatía institucional.