La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado una queja formal ante la Dirección General tras detectar un grave despropósito en el Avance provisional de destinos (Resolución 2530009). Decenas de agentes que acaban de finalizar su especialización están siendo destinados de forma forzosa a Seguridad Ciudadana, una decisión que choca frontalmente con las promesas y criterios técnicos manifestados anteriormente por la propia institución. Un giro radical: la Administración se desdice de sus propias afirmaciones Desde AUGC denunciamos que la Dirección General está actuando de forma contraria a sus propios actos. Resulta inaceptable que la Administración se desdiga ahora de lo que afirmó con rotundidad en dos escenarios clave: En sede del MAPER: El Mando de Personal, en respuesta escrita a esta asociación, llegó a afirmar literalmente que «no tendría sentido adjudicar una vacante de seguridad ciudadana a personal que tenía previsto realizar un curso de especialización». En la Comisión Permanente de Destinos: En las reuniones celebradas el pasado mes de diciembre, se trasladó a los representantes de los trabajadores que aquellos componentes pendientes de servidumbre por el curso de Tráfico no serían destinables forzosos a Seguridad Ciudadana, permaneciendo en sus unidades de prácticas hasta la resolución de su situación técnica. Antecedentes: el «bloqueo» de agosto La situación es especialmente sangrante si analizamos los antecedentes. El pasado verano, durante el movimiento interno de asignación de destinos para alumnos, la Dirección General impidió a estos mismos agentes solicitar vacantes. La justificación fue la «eficiencia»: se argumentó que, al estar próximos a obtener el título de Tráfico, carecía de sentido que ocuparan plazas de Seguridad Ciudadana. Hoy, tras haber completado su formación, la Administración ignora ese criterio y les obliga a incorporarse forzosamente a unidades operativas de Seguridad Ciudadana. Esta «gestión de parches» no solo desprecia la planificación vital de los agentes, sino que demuestra una falta total de unicidad de criterio en la cúpula de la institución. Consecuencias: despilfarro económico y déficit operativo La Secretaría Jurídica de AUGC ha advertido en su escrito que esta medida supone un grave perjuicio económico. Formar a un especialista en Tráfico tiene un coste altísimo para el erario público; al destinarlos forzosos a Seguridad Ciudadana, se provoca la extinción de la servidumbre del título. En la práctica, esto significa que la Guardia Civil pierde la capacidad de obligar a estos agentes a ejercer la especialidad en el futuro, desperdiciando una inversión técnica que ha costado miles de euros. Además, operativamente es un error estratégico. Mientras la Agrupación de Tráfico sufre un déficit histórico de personal, la Dirección General decide «perder» a más de 100 especialistas cualificados a las puertas de dispositivos tan importantes como el de Semana Santa. Acción jurídica y petición de información El Secretario Jurídico Nacional, Eugenio Nemiña, ha exigido la revisión inmediata del avance para evitar que el error se consolide en la publicación definitiva del BOGC. Asimismo, se ha solicitado que, de no corregirse esta situación, se facilite al Pleno del Consejo un informe detallado sobre el coste económico por agente de los cursos de especialización que ahora quedarán sin aplicación práctica debido a esta errática política de destinos. Desde AUGC seguiremos vigilantes y asesorando a todos los socios afectados para presentar las alegaciones necesarias y frenar este atropello a la lógica administrativa y profesional. Consulta aquí abajo la queja de nuestro secretario jurídico.


Comments are closed