La localidad gaditana de Barbate ha vuelto a convertirse hoy en escenario de violencia extrema vinculada al narcotráfico, confirmando una realidad que desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles llevamos años denunciando: el Campo de Gibraltar y su entorno litoral se han transformado en uno de los puntos más peligrosos de Europa para el ejercicio de la función policial. Durante un operativo desarrollado por unidades de Seguridad Ciudadana contra estructuras logísticas del narcotráfico, se produjo un intercambio de disparos con individuos vinculados a estas organizaciones criminales. El operativo culminó con dos presuntos narcotraficantes heridos y un guardia civil lesionado tras el violento vuelco de su vehículo oficial durante una persecución de alto riesgo. No hablamos de un incidente aislado. Hablamos de una dinámica estructural de violencia creciente. Barbate continúa siendo un enclave estratégico para las mafias que operan en el Estrecho, organizaciones cada vez más profesionalizadas, mejor financiadas y que actúan con una sensación de impunidad alarmante. Hace apenas dos años, España asistía conmocionada al asesinato de dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha en este mismo puerto, un hecho que marcó un antes y un después en la percepción del riesgo real que asumen los guardias civiles destinados en esta zona. Hoy, nuevamente, la tragedia ha estado a escasos centímetros de repetirse. UNA ESCALADA DE VIOLENCIA CONTRA LOS AGENTES Los datos oficiales evidencian un deterioro progresivo del principio de autoridad: En 2024 se registraron 1.404 agresiones contra guardias civiles, la cifra más alta jamás documentada, con un incremento del 18% en solo un año. En el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se contabilizaron 16.878 atentados contra agentes, récord histórico desde que existen estadísticas. Desde la pandemia, las agresiones han aumentado cerca de un 30%, consolidando una tendencia sostenida de violencia contra quienes garantizan la seguridad pública. Esto significa que, en España, cada día decenas de agentes son agredidos simplemente por cumplir con su deber. En provincias como Cádiz, esta violencia adquiere además un componente cualitativamente más grave: armas, persecuciones marítimas, embestidas deliberadas y enfrentamientos directos con redes criminales que manejan millones de euros procedentes del narcotráfico. Los guardias civiles no solo son insultados o agredidos. Son perseguidos. Son señalados. Y cada vez con mayor frecuencia, son atacados con voluntad de asesinarles. PROFESIÓN DE RIESGO: UNA REIVINDICACIÓN INAPLAZABLE Desde AUGC denunciamos que los agentes continúan afrontando este nivel de amenaza sin el reconocimiento legal de profesión de riesgo, sin una protección jurídica adecuada y con medios materiales claramente insuficientes frente a organizaciones criminales que operan con embarcaciones de alta potencia, logística avanzada y estructuras casi paramilitares. La pregunta que hoy debemos formularnos como sociedad es incómoda pero inevitable: ¿Cuándo será el próximo guardia civil fallecido en acto de servicio? Porque los avisos ya se han producido. Porque las agresiones aumentan. Porque los escenarios operativos son cada vez más violentos. Y porque las respuestas institucionales siguen llegando tarde. No basta con homenajes tras las tragedias. No basta con declaraciones de apoyo cuando ya es irreversible. Es imprescindible: Reconocer legalmente a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Dotar de medios materiales adecuados a las unidades desplegadas en zonas calientes. Garantizar seguridad jurídica real para los agentes que actúan frente al crimen organizado. Reforzar plantillas y especialización operativa en el litoral gaditano. RESPALDO AL COMPAÑERO HERIDO Desde AUGC trasladamos todo nuestro apoyo y pronta recuperación al guardia civil herido, así como a sus compañeros intervinientes, que una vez más han demostrado profesionalidad, valentía y compromiso con la ciudadanía incluso poniendo en riesgo su propia vida. La investigación, dirigida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz, deberá esclarecer plenamente los hechos. Pero más allá de la investigación penal, existe una responsabilidad política y estructural que ya no puede seguir posponiéndose. Porque cada intervención en lugares como Barbate recuerda una realidad incuestionable: Los guardias civiles están conteniendo al narcotráfico en primera línea. Y lo están haciendo, demasiadas veces, sin el respaldo que merecen.


Comments are closed