En la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Partido Popular en el Congreso, el Gobierno admite lo que la Asociación Unificada de Guardias Civiles alertó en mayo pasado, que la dirección general de dicho cuerpo pretende reestructurar el despliegue del Servicio de Protección de la Naturaleza en la provincia de Córdoba. Y la contestación del ejecutivo mantiene la falta de transparencia con la que ha actuado la Guardia Civil en este asunto desde el principio, porque se limita a exponer que «con el objetivo de conseguir el máximo aprovechamiento de la capacidad operativa del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se está estudiando una redistribución de los recursos disponibles que mejore la prestación de los servicios sin disminuir estos», y que «se analizará caso por caso en cada una de las unidades afectadas», pero que «no se puede determinar en estos momentos qué unidades resultarían afectadas en el supuesto de que se produjera». Esa respuesta viene a corroborar lo que AUGC lleva meses denunciando, y a la vez desmiente a la Subdelegada del Gobierno en nuestra provincia cuando el pasado verano, durante su visita al acuartelamiento de Baena, declaró que «el cuerpo especializado del Seprona continuará dando el servicio en las mismas condiciones que lo ha hecho hasta el momento». AUGC considera muy decepcionante la contestación del Gobierno, porque los guardias civiles del Seprona en la provincia de Córdoba y sus legítimos representantes deberían tener información sobre un proyecto que cuando se materialice afectará enormemente a dichos agentes y a sus familias. Este plan de reorganización fue aparcado hace dos años por la presión política y social que se produjo tras la voz de alarma dada por AUGC, pero ahora ha vuelto a retomarse con más fuerza y la intención sería eliminar varias patrullas para crear otras nuevas pero en número más reducido, lo cual afectaría al menos a catorce agentes, algunos de los cuales llevan más de dieciséis años en dichos destinos. Se trata de un proyecto a nivel nacional cuya única motivación es la falta de efectivos en esa especialidad, y la finalidad sería reagrupar al escaso personal disponible en unidades conjuntas, porque el aumento de plantilla parece estar descartado. Y la idea sería, de modo dilatado y progresivo, ir eliminando las patrullas afectadas en un plazo máximo, por lo que afectaría tanto a los guardias civiles como a sus familias, al tener que trasladar sus domicilios a otras localidades, con todo lo que ello conlleva. Pero además de esos perjuicios personales y familiares, debe tenerse en cuenta que se tendría que cubrir la vigilancia del mismo territorio con menos personal y por lo tanto se podría ver afectado también el relevante servicio que presta el SEPRONA en parajes de esta provincia tan relevantes como los parques naturales de las Sierras Subbéticas y de la Sierra de Cardeña y Montoro, el Embalse de Valdemojón, la zona del río Guadalmez, entre otros. Como ya ocurrió hace dos años, la dirección general de la Guardia Civil está actuando sin transparencia, y ello a pesar de que ya se están dando los primeros pasos para esa reorganización, porque no se están publicando las vacantes existentes en las patrullas afectadas y se están asignando a otras unidades. AUGC reclama que no se eliminen patrullas del SEPRONA en la provincia de Córdoba, porque todas ellas son muy necesarias, y que se incrementen considerablemente las plantillas de las mismas para dar respuesta a las necesidades en materia de protección de la naturaleza en la que es la segunda provincia andaluza en extensión territorial, con un patrimonio natural de los más variados y ricos de toda la península. Así como que, cuando la dirección general considere necesario e inevitable llevar a cabo la reorganización de cualquier especialidad o unidad de la Guardia Civil, lo haga con transparencia, informando y contando con los afectados y con las asociaciones profesionales para buscar las soluciones menos perjudiciales.
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