AUGC denuncia el desalojo injustificado y sin garantías de guardias civiles y sus familias en el Puerto de la Guardia Civil de Utiel

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), queremos denunciar públicamente la situación de absoluto abandono, falta de respeto y ausencia de garantías legales que están sufriendo los guardias civiles y sus familias residentes de los pabellones del Puesto de la Guardia Civil en Utiel. Todos los guardias civiles y sus familias han sido informados verbalmente de que deben abandonar sus viviendas en un plazo de apenas 7 u 8 días, sin haber recibido ninguna comunicación oficial ni documentación que respalde esta medida. Para AUGC esta forma de proceder es intolerable y contraria a los derechos básicos de cualquier ciudadano, incluidos quienes dedican su vida al servicio público y la seguridad de todos. Además, la única solución ofrecida por la Administración ha sido poner a disposición 4 viviendas que no solo son insuficientes para el número de afectados, sino que se encuentran en condiciones lamentables de habitabilidad. Es indignante que, en pleno siglo XXI, se trate de esta forma a quienes velan por la seguridad de los ciudadanos. No solo se está vulnerando su derecho, sino que tampoco se ha dado explicación alguna sobre los motivos de este desalojo, ni se ha identificado a la persona o entidad responsable de tomar esta medida tan arbitraria como desconsiderada. Desde AUGC exigimos de manera inmediata la paralización del desalojo hasta que se ofrezca una alternativa viable y digna a todas las familias afectadas, transparencia total en torno a esta decisión, incluyendo los motivos que la justifican y las personas responsables de adoptarla así como las condiciones habitacionales adecuadas para los guardias civiles y sus familias, garantizando que no se vean obligados a vivir en condiciones indignas o en una situación de desamparo. Es una vergüenza que quienes protegen a la ciudadanía se enfrenten a una situación tan humillante y arbitraria. Desde AUGC recordamos que los guardias civiles también tienen derechos, y que la Administración debe ser la primera en garantizar su cumplimiento.