Como secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), no puedo permanecer en silencio ante el bochornoso episodio de la medalla al empresario Víctor Gonzalo de Aldama. Es este un caso que pone de manifiesto la desconexión entre la cúpula de la Guardia Civil y los principios que deberían regir nuestra institución: transparencia, mérito y servicio a la sociedad. El generalato de la Guardia Civil parece buscar permanentemente una suerte de impunidad que los asemeje a la inviolabilidad de Su Majestad el Rey, pretendiendo que su responsabilidad recaiga sobre quienes refrendan sus decisiones. Pero no olvidemos que estas medallas no surgen de un vacío, o de una espontaneidad impersonal: son propuestas formuladas desde dentro, cimentadas en relaciones y «amistades» que distan mucho de los valores del Cuerpo. Mientras tanto, los guardias civiles de base, son quienes arriesgan su vida a diario para proteger a la ciudadanía, y no solo no reciben el reconocimiento merecido, sino que se enfrentan a un régimen disciplinario desproporcionado y a la aplicación anacrónica del Código Penal Militar, usado con el fin de meter en cárceles militares a los guardias civiles. Ejemplos como la imputación de un delito militar a un guardia civil por ejercer su derecho de libre circulación durante una baja médica ilustran cómo se castiga con dureza extrema y sin escrúpulos a quienes deberían ser apoyados y valorados. Está claro que la entrega de medallas a personas ajenas a la Guardia Civil, sin una justificación clara, es además de un acto de favoritismo, un acto de génesis y proyección política. Y debemos recordar que la Guardia Civil, como institución al servicio de todos los ciudadanos, debe ser neutral políticamente. Además, este escándalo apunta a que Aldama habría recibido esta condecoración en un sistema tejido bajo el parámetro de «favor con favor se paga». Esto pone en duda el compromiso real con la transparencia y la ética institucional y agrava aún más la percepción pública sobre el «mercadeo» de las medallas en un Cuerpo como la Guardia Civil que debería ser ejemplo de integridad y de cumplimiento del principio de legalidad y de buena gobernanza. Para ello crearon los generales el «Código de Conducta» anunciada como la nueva cartilla del guardia civil. Se ve que ellos no se dan por aludidos con el término «guardia civil». Este caso refleja un desafío mayor: la urgente necesidad de mecanismos que garanticen la transparencia y un sistema justo en la asignación de recompensas. Las recompensas, deberían ser un elemento clave para reconocer acciones extraordinarias del servicio de los guardias civiles, y no para premiar a personas ajenas al Cuerpo. Y todo ello, bajo el más estricto control eficiente y eficaz, que arrumbe procesos y quiebras de la legalidad, del favoritismo y de la arbitrariedad. En tiempos de desconfianza ciudadana, instituciones como la Guardia Civil deben prestar su liderazgo desde el ejemplo. El sistema debe tener recursos y resortes para asegurar que el mérito y la ética prevalezcan sobre los intereses particulares o políticos. Solo así se podrá recuperar la credibilidad y el respeto de la sociedad. Desde AUGC seguiremos luchando sin descanso por una Guardia Civil más democrática, más compartida, con derechos equiparables a los de otros cuerpos policiales y alejada de las prácticas corruptas que manchan su reputación. Exigimos transparencia y una verdadera ética profesional que impregne a toda la Institución, porque solo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos y el honor de los guardias civiles que verdaderamente lo merecen. Juan Fernández, Secretario General Junta Directiva Nacional AUGC.
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