Los hechos se remontan al 17 de enero de 2023, cuando el agente, junto a un compañero, acudió a un aviso por la caída de un árbol de grandes dimensiones en la carretera CV-425. Ante la imposibilidad de actuación inmediata de los servicios de mantenimiento, ambos agentes decidieron actuar para restablecer la circulación, momento en el que el guardia civil fue golpeado accidentalmente por una rama, sufriendo lesiones en el cuello que precisaron intervención quirúrgica y una baja médica de 61 días. La Administración, si bien reconoció el origen en acto de servicio y asumió una parte mínima de los gastos (111,20 €), denegó el resarcimiento completo solicitado por el agente, quien reclamaba una indemnización total de 4.898,18 € por perjuicio personal, cirugía y gastos médicos. Fundamentos de la sentencia El fallo judicial resalta el principio de indemnidad del funcionario público, consagrado en la jurisprudencia y que ampara a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por daños sufridos en el ejercicio legítimo de sus funciones, siempre que no medie dolo ni negligencia. El juez considera plenamente acreditado que las lesiones fueron consecuencia directa del servicio, valorando la actuación ejemplar del agente, quien, ante la falta de medios, actuó con iniciativa, disponibilidad y espíritu de sacrificio en beneficio de los usuarios de la vía pública. La sentencia reprueba expresamente el argumento de la Administración que aludía a una supuesta falta de equipación adecuada por parte del agente, considerando que esa responsabilidad es institucional, no del funcionario lesionado. Asimismo, se rechaza que la percepción del salario durante la baja impida la indemnización, pues el perjuicio incluye también la limitación en las actividades habituales de desarrollo personal, conforme a la legislación vigente. Fallo del tribunal La sentencia: Anula la resolución administrativa impugnada por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Condena a la Administración a abonar la suma total de 4.898,18 € en concepto de indemnización (restando los 111,20 € ya reconocidos). Impone el pago de los intereses legales desde la presentación de la reclamación administrativa hasta su total abono. Impone las costas procesales a la Administración demandada. Dado que el importe reclamado es inferior a los 30.000 €, la sentencia es firme e inapelable y será ejecutada de forma inmediata por la Administración. Esta resolución representa un importante precedente jurídico en la defensa de los derechos del personal de la Guardia Civil, reafirmando que el sacrificio en beneficio del interés público no puede quedar desprotegido y debe ser debidamente reparado por la Administración. Desde esta entidad, expresamos nuestro reconocimiento a la labor abnegada de los agentes y animamos a continuar defendiendo sus derechos mediante las vías legales oportunas cuando así proceda.
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