¿Por qué los Guardias Civiles no somos profesión de riesgo?

Estamos finalizando el 2025 y volvemos a convertirnos en victimas de lesiones, la Guardia Civil de tráfico de Ávila ha tenido varias actuaciones que han generado atentados a Agentes de la Autoridad. La primera de ellas, el pasado jueves 27 de noviembre en un Dispositivo Operativo que acabo con lesiones leves para uno de los compañeros y con el agresor detenido o los compañeros de Investigación de Siniestros Viales de Trafico que respondieron al aviso de un vehículo sustraído en la noche del 6 de diciembre, donde viajan un grupo de personas que ante la presencia de los Agentes les hicieron frente, temiendo por su vida; aunque finalmente los ocupantes huyeron del lugar. Y en plena vorágine de compras de balizas V-16 otros compañeros del destacamento de tráfico de Ávila vieron como su vehículo fue alcanzado por detrás por otro coche, mientras auxiliaban a un tercero. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. En nuestro trabajo somos víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarnos a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía y al mantenimiento del orden público. Una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible en un Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior, tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contempla el Código Penal: de 6 meses a 3 años de prisión para el delito de atentado contra agente de la autoridad, y de 3 meses a 1 año de prisión o multa para el delito de resistencia o desobediencia grave. Desde AUGC hemos pedido al Gobierno que reconozca a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. No es comprensible que Policía Local, Mossos d’Esquadra y Ertzainza tengan ese reconocimiento laboral, y en cambio Policía Nacional y Guardia Civil no. Además, consideramos imprescindible que se endurezca el Código Penal para recuperar el principio de autoridad. Vehiculo Guardia Civil investigacion siniestros viales Lamentamos que los agresores, en muchas ocasiones, sean puestos en libertad a las pocas horas de su detención, ya que resulta incomprensible que esté en la calle mientras la víctima se recupera de las lesiones físicas o psicológicas. Este hecho crea incertidumbre en la sociedad y una falsa sensación de impunidad en los agresores, fomentando la idea para unos y otros de que el reproche penal es mínimo y contribuyendo a que el principio de autoridad cada día esté más denostado socialmente. Denunciamos la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia en todo el territorio nacional y también en nuestra provincia. Desde AUGC llevamos tiempo solicitando al Ministerio del Interior pistolas táser y cámaras corporales. Cada patrulla de nuestros pueblos debería poder llevar este tipo de herramientas como parte del uniforme porque contribuirían a disuadir a los autores y con ello se evitarían agresiones que ponen en peligro la integridad física tanto de los agentes como de los ciudadanos. Además, entendemos necesario que por parte de la Fiscalía se adopte el criterio de solicitar el ingreso en prisión provisional de los investigados por delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones sobre estos. Y que por parte de los Juzgados de Instrucción no se tramiten estos asuntos como diligencias urgentes de juicio rápido, puesto que en la mayoría de los casos no se determina con acierto y realidad el alcance de las lesiones ni la sanidad de los lesionados. Es muy habitual que, con el paso de los días, el lesionado sufra un empeoramiento, una recaída o incluso un diagnóstico distinto tras someterse a pruebas médicas. También puede darse el caso de que el afectado tenga un periodo de recuperación superior al estimado inicialmente, que no se pudo prever y, por ende, no se pudo tener en cuenta en caso de que se haya realizado un juicio rápido. Guardia Civil de trafico moto Esto genera una doble frustración de las garantías públicas: por un lado, hechos que deberían ser calificados como lesiones graves o menos graves quedan impunes y por otro lado, los agentes víctimas del delito de lesiones no obtienen la indemnización que realmente les correspondería por las lesiones sufridas. Desde la Delegación de AUGC en Ávila auxiliamos a todos nuestros afiliados y a los compañeros que nos necesitan. Nuestros representantes provinciales y nuestro abogado, Andrés Díaz Moñino, asisten, auxilian y apoyan a los compañeros que se convierten en víctimas de un delito de lesiones por cumplir con su deber. El pasado mes en la localidad de Arévalo asistió a nuestros afiliados en el Juicio por la agresión que sufrieron el 28 de septiembre de 2024 y que terminó con la condena de los agresores.