Sin embargo, más allá del éxito operativo de los agentes, AUGC pone «negro sobre blanco» las cifras del despropósito: el dispositivo desplegado por la falta de prevención ha tenido un coste estimado para el erario público superior a los 400.000 euros, sin contar las reparaciones de los vehículos destrozados ni los gastos de limpieza de la zona protegida. Un despliegue nacional para un caos local AUGC denuncia que para gestionar esta situación se han tenido que «vaciar» unidades de toda España. Han intervenido efectivos de las USECIC de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Toledo y Valencia, junto a los GRS de León, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza. El operativo ha funcionado con turnos de gran presión, con una media de 18 efectivos de GRS y 10 de USECIC por turno, protegiendo una zona de alto valor ecológico (ZEPA) que ha sufrido daños pese al esfuerzo policial. La factura económica: un despilfarro evitable Este despliegue masivo de 300 efectivos durante 8 días ha generado unos costes directos inasumibles: Costes de Personal (Aprox. 250.000 €): El grueso de la factura en sueldos y servicios extraordinarios en festivos. Dietas y Alojamiento (Aprox. 100.000 €): La movilización de unidades desde puntos lejanos ha obligado a costear hoteles y manutención completa. Logística y reparaciones: Al gasto en combustible y medios aéreos se suma la reparación de la flota: al menos tres vehículos oficiales han sufrido daños graves de chapa y rotura de cristales traseros debido al lanzamiento de objetos durante los disturbios. El coste humano: Agentes «machacados» y sin derechos Pero el coste más grave no se mide en euros, sino en salud. AUGC denuncia que el operativo se ha sostenido a costa de la salud de los agentes: Dobletes inhumanos: Ante la presión, se ha obligado a los agentes a realizar «dobletes», encadenando jornadas de más de 10 horas con descansos inferiores a 6 horas entre servicios. Ataque a la conciliación: La improvisación ha impedido a los guardias civiles disfrutar de las fiestas de Reyes con sus familias, modificando turnos sin preaviso. Conclusión: El precio de no prevenir Mientras un festival legal costea su propia seguridad, limpieza y servicios médicos , aquí el Ministerio del Interior ha gastado cientos de miles de euros en vigilar a 3.500 personas y 2.000 vehículos. AUGC advierte: este gasto no es una «inversión en seguridad», es el precio de la falta de inteligencia preventiva ante un fenómeno que se repite anualmente. Si no se cambia el modelo, el año que viene los españoles volverán a pagar esta factura. El diario ABC recoge hoy la postura de AUGC: https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/rave-albacete-cuesta-400000-euros-erario-publico-20260110080000-nt.html. Visibilizando así una situación insostenible que requiere soluciones urgentes. Gracias al trabajo de relaciones con los medios nuestra voz llega hoy a miles de lectores marcando la agenda y exigiendo responsabilidades


Comments are closed