Crónica de un despropósito: la Dirección General convierte la gestión de personal en un mercado de errores e imposiciones ilegales

AUGC denunciamos públicamente la situación de caos absoluto y vulneración de derechos que están sufriendo decenas de guardias civiles tras la resolución de destinos del BOGC número 14 de 17 de febrero. Lo que estamos viviendo no es un error aislado; es la culminación de una política de personal basada en la improvisación y el desprecio a quienes visten el uniforme. Los hechos: cronología de una gestión negligente Para que se comprenda la sucesión de errores, estos son los hitos de este desatino: Bloqueo preventivo y restricción de la movilidad: El pasado mes de agosto, la Administración prohibió a un amplio colectivo de agentes participar en el anuncio de vacantes de Seguridad Ciudadana. Esta decisión, cercenó el derecho a la movilidad voluntaria bajo el pretexto de una supuesta «optimización de especialistas». Lo que se vendió como una medida para aprovechar el talento se ha revelado como una falacia: la Administración ni ha respetado la carrera profesional del agente, ni ha cumplido con la eficiencia que predica, dejando al personal en un limbo jurídico que ha desembocado en el actual caos. Destinos forzosos y pérdida de talento: Tras ese bloqueo el día 17 de febrero, la Dirección General ha procedido a destinar de forma forzosa a estos mismos agentes a unidades desvinculándolos de sus especialidades.. Se desaprovecha así una formación técnica costosa y necesaria para el servicio público que el pasado agosto parecía que querían asegurar. El «parche» imperativo: Al advertir el caos generado por su propia falta de planificación, la Dirección General ha emitido una instrucción, sin criterio definido y que ni siquiera ha llegado a todos por igual, que obliga de manera imperativa a los agentes a pedir nuevas vacantes en sus especialidades antes del 21 de febrero. Desde AUGC somos taxativos: la norma no permite esta imposición. El derecho a solicitar una vacante es una facultad del trabajador, no una orden de servicio que la administración pueda usar para que el guardia civil le arregle sus fallos de despacho. Una vez más, la Dirección General demuestra que siempre que retuerce las normas es para privar de derechos al guardia civil, nunca para garantizarlos. Notificación que obliga a peticionar destino en las especialidades. La propuesta de AUGC: legalidad y respeto a los trabajadores Ante este escenario de atropello, AUGC no va a ejercer de espectador pasivo. No aceptamos que en 2026 se siga ignorando a los representantes de los trabajadores. No hay negociación, no hay interlocución; solo hay un muro de soberbia. Por ello, nuestras exigencias son claras y se fundamentan en el rigor jurídico: Nulidad de las adjudicaciones4: Al haberse dictado bajo presupuestos erróneos y con una palmaria falta de transparencia, estas resoluciones deben ser anuladas y rectificadas de inmediato. Mantenimiento en Comisión de Servicio: Exigimos que se cumplan los compromisos verbales adquiridos por la cadena de mando. Aquellos agentes que se encuentran prestando servicio en sus unidades actuales deben permanecer en régimen de comisión de servicio, garantizando su estabilidad familiar y profesional hasta que se realice un proceso de provisión ajustado a derecho. Responsabilidad Ministerial: El Ministro del Interior es quien debe firmar este desatino. Desde esta asociación profesional, suponemos que el Ministro no «tragará» con un procedimiento que vulnera la normativa en materia de destinos y que supone un ataque directo a la seguridad jurídica de los funcionarios a su cargo. AUGC ya está preparando las acciones legales pertinentes. Si estás afectado ponte en contacto con tu representante. No vamos a tolerar que la administración pretenda que los guardias civiles sean quienes paguen, con su vida personal y profesional, el precio de una gestión de recursos humanos fallida, autoritaria y a espaldas de los trabajadores y trabajadoras de la guardia civil.