El 40% de los vehículos de la Guardia Civil para el traslado de presos carecen de cinturones de seguridad

Los datos oficiales obtenidos por la Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles revelan que el 40% de los vehículos celulares de la Guardia Civil carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos que son trasladados, porcentaje que se eleva hasta el 76% en los vehículos grandes –microbuses y autobuses–, así como que ese parque móvil está envejecido y muy deteriorado. En la Policía Nacional el número de vehículos celulares que carecen de cinturones de seguridad baja hasta el 28%. En dichos vehículos, los internos de centros penitenciarios y los detenidos viajan en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo su integridad física e incluso su vida, sobre todo teniendo en cuenta que esos vehículos de la Guardia Civil que carecen de cinturones de seguridad han recorrido en 2025 más de un millón de kilómetros. Pero no son esas las únicas anomalías, porque muchos de los vehículos que sí disponen de cinturones de seguridad para los presos los tienen averiados y no pueden utilizarse. Y en otros celulares son los sistemas de videovigilancia los que no funcionan. Desde que en 2015 una orden ministerial de Interior estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos, han pasado ya más de diez años y la renovación de esa flota está eternizándose, lo cual se agrava teniendo en cuenta que en algunas unidades se están utilizando más los vehículos sin cinturón de seguridad que los nuevos. Debe tenerse en cuenta que las especificaciones técnicas reguladas en dicha norma se refieren a aspectos tan relevantes como los cinturones de seguridad, materiales resistentes, climatización, renovación de aire, sistema de video-vigilancia, alumbrado interior, salida de socorro, extintores, etc. Vehículos viejos y en mal estado La Guardia Civil cuenta con 447 vehículos celulares, de los cuales 365 son los denominados «furgones», con cuatro o cinco plazas para presos o detenidos, mientras que 82 son microbuses y autobuses. Desde 2020 se ha ido reduciendo drásticamente la adquisición de vehículos celulares para la Guardia Civil, hasta llegar al punto en que durante 2025 no se ha comprado ninguno, mientras que se han adquirido 32 vehículos de ese tipo para la Policía Nacional, con el resultado de que la flota de celulares de la Guardia Civil se ha reducido un 3,2% en el último año, al haber dado de baja quince de dichos vehículos, diez furgones y cinco autobuses. Y ello a pesar de que los vehículos asignados a la Guardia Civil acumulan una media superior a los 11 años de antigüedad, disparándose hasta los 17 años en los vehículos tipo autobús. De hecho, la mitad de la flota tiene más de diez años –el 77% de los vehículos más grandes–, mientras que un tercio superan los quince años –el 68% de los autobuses–, e incluso el 18% acumulan más de veinte años –el 29% de los vehículos tipo autobús–, llegando varios de ellos a los 27 y 28 años. Buena prueba de que la situación ha empeorado considerablemente durante el último año es que, a pesar de haber retirado los vehículos más viejos, la antigüedad media de la flota ha pasado de 9 años en 2024 a más de 11 años en 2025. De hecho, la antigüedad de los furgones ha evolucionado de 7 años en 2024 a más de 10 en 2025, mientras que la de los autobuses ha pasado de 16 a 17 años en ese mismo período. A eso se añade que el 38% de esos vehículos celulares tienen más de 200.000 kilómetros, el 21% superan los 300.000, el 12% están por encima de los 400.000 y el 6% acumulan más de 500.000. Datos que son aún peores para los vehículos tipo autobús: el 47% tienen más de 200.000 kilómetros, el 33% superan 300.000, el 27% están por encima de los 400.000 y el 20% acumulan más de 500.000. Queda patente que los vehículos grandes, microbuses y autobuses, son los más viejos y con más kilómetros acumulados, precisamente los que más presos trasladan a lo largo del año. Y evidentemente, ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías. Si atendemos a los datos desglosados por provincias, 30 de ellas promedian más de diez años de antigüedad, situándose 17 provincias por encima de los quince años, y cinco de ellas acumulan veinte o más años, encabezadas por Guadalajara con 25 años, Huesca con 23, Vizcaya con 21, y Ávila y La Rioja con 20. Seguidas muy de cerca por Teruel con 19 años, Cáceres y Lleida con 18, y Huelva y Tarragona con 17. Estos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil muestran por quienes se encargan de las conducciones, así como por la seguridad de las personas presas y detenidas que son trasladadas en dichos vehículos. Reconocimiento del problema y dejadez institucional La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha trasladado ya esta situación a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Defensor del Pueblo, a los grupos parlamentarios, y a Amnistía Internacional. Y aunque la mayoría de esos interlocutores han mostrado interés en la problemática planteada, lo cierto es que son muy escasas y poco relevantes las medidas adoptadas al respecto. De hecho, no esAUGC la única que alerta de la situación, porque el propio Defensor del Pueblo a través de su Mecanismo Nacional de Prevención expone en los informes anuales que «mantenemos el criterio, en coincidencia con el del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, de que se utilicen únicamente aquellos vehículos que cuenten con sistemas de retención que garanticen la seguridad en estas labores de traslado». Y ya hace casi dos décadas, en 2008, el propio Servicio de Prevención de la Guardia Civil proponía que se adaptaran los vehículos celulares para instalar asientos orientados en el sentido de la marcha y con cinturones de seguridad, así como que se sustituyeran aquellos vehículos que no pudieran ser adaptados o no fuera rentable su modificación. Estado de los furgones de traslado de presos El Tribunal de Cuentas confirma las denuncias de AUGC En el último informe de fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, emitido por el Tribunal de Cuentas, se constata que «persiste un porcentaje significativo de vehículos con antigüedad y kilometraje excesivo, particularmente de la Guardia Civil que opera con un parque móvil más envejecido que el de la Policía Nacional. Así, un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros recorridos». También deja constancia de que, a través del Plan de Eficiencia Energética, en el período de 2021 a 2024 se adquirieron 2.659 vehículos para la Policía Nacional y 1.599 para la Guardia Civil, más de mil unidades menos que para el otro cuerpo estatal, lo cual pone de manifiesto una vez más el trato discriminatorio que Interior otorga no solo a quienes componen la Guardia Civil, sino también a los ciudadanos de los municipios cuya seguridad es competencia de este cuerpo. Además, en el informe se refleja que mientras que la Policía Nacional aumentó un 4,23% el número de vehículos en 2024 respecto a 2023, en ese mismo periodo la Guardia Civil perdió el 1,2% de su flota. Los turismos de la Policía Nacional se incrementaron un 7,09% y los de la Guardia Civil se redujeron un 2,86%. Pero no acaban ahí las diferencias, porque a final de 2024 el 35% de los vehículos de la Policía Nacional superaba los 100.000 kilómetros, mientras en la Guardia Civil el 47% de la flota está por encima de ese kilometraje. Así, en esa fecha el parque móvil de la Guardia Civil tenía una antigüedad media de 9,65 años, aunque en realidad era mayor, porque no se incluían los vehículos especiales, cuyo promedio era de doce años. Y por si no fuera suficiente discriminación todo lo anterior, la inversión en vehículos nuevos de la Policía Nacional en 2024 fue de más de 60 millones de euros, mientras que para la Guardia Civil se ejecutaron algo más de 25 millones, por lo tanto 35 millones de euros menos que para el otro cuerpo estatal. El Tribunal de Cuentas destaca también que «la Policía Nacional utiliza en mayor medida vehículos en el marco de contratos de arrendamiento por considerarlo más eficiente para el servicio que prestan los vehículos (un 19% del parque frente al 8% de la Guardia Civil). Para vehículos con utilización muy intensiva, la alternativa del arrendamiento disminuye el coste en reparaciones y permite disponer de una flota más moderna». Por el contrario, la dirección general de la Guardia Civil se pronuncia desfavorablemente respecto a la utilización de vehículos de renting, a lo cual responde el Tribunal de Cuentas que «si se considera la antigüedad promedio y los kilómetros que recorren anualmente los turismos y todoterrenos de la Guardia Civil, se opera en un escenario en el que los costes de mantenimiento correctivo y preventivo se incrementan significativamente, por lo que las ventajas de la propiedad quedan en parte difuminadas, teniendo en cuenta además que mantener una flota de vehículos más moderna es más eficiente». Teniendo en cuenta todos esos datos, «la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad identificó en sus informes que la antigüedad y el kilometraje de los vehículos distaba de ser óptima para el servicio». Y en el informe se advierte que el 90% de los informes de dicha Inspección elaborados entre 2021 y 2023 puso de manifiesto la existencia de incidencias relacionadas con los vehículos de la Guardia Civil: «unidades en malas condiciones de conservación o en servicio con su vida útil ampliamente superada». Y el Tribunal de Cuentas corrobora lo que AUGC lleva muchos años denunciando, que la Guardia Civil malgasta el dinero en reparaciones de vehículos que deberían ser dados de baja: «con frecuencia las necesidades del servicio han implicado que se repararan unidades en las que el algoritmo sugería no abordar la reparación del vehículo. Esta circunstancia se corrobora por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que en sus informes ha advertido que se han efectuado reparaciones de vehículos en condiciones antieconómicas». Además, el órgano fiscalizador también coincide con AUGC en que «el despliegue de un mayor número de vehículos de propulsión eléctrica se enfrenta a la limitada expansión de los puntos de carga en las dependencias de la Guardia Civil y, en general, en la red de carreteras de España, teniendo en cuenta además que el ámbito competencial de la Guardia Civil se extiende en el medio rural». La conclusión del Tribunal de Cuentas es contundente: «se recomienda abordar un plan de renovación de la flota a medio y largo plazo, que tenga en cuenta un equilibrio entre el número de vehículos en arrendamiento y en propiedad». Se adjuntan fotografías de asientos rudimentarios para presos y detenidos, sin cinturones de seguridad y orientados lateralmente, presentes en el 40% de los vehículos celulares de la Guardia Civil. Furgón de traslado de presos Descarga al final de la noticia la tabla con la fecha de adquisición y tipo de los vehículos de traslado de presos en la Guardia Civil.